Sospechas de quema de archivo demeritan versión oficial del caso Cuero Fresco

Suboficial José Manuel Ferreira, víctima fatal del atentado con bomba en el que también falleció un oficial de Ingeniería, como víctimas de una presunta quema de archivo en un caso plagado de interrogantes que comprometen al Gobierno.

Cuando han transcurrido más de seis meses del atentado con bomba que mató al capitán de Ingeniería Enrique Piñánez y al suboficial José Manuel Ferreira en la zona de Cuero Fresco, departamento de Concepción, el caso cada vez está más lejos de ser aclarado y las evidencias manejadas por expertos privados coinciden en que se trata de una evidente “quema de archivo”.

“Todos los puntos conducen a que los dos militares fallecieron víctimas de sus propios compañeros de misión, quienes seguramente recibieron la orden de silenciarlos debido a que tenían conocimiento importante acerca del esquema de manejo de la FTC con el grupo criminal al que dice combatir”, explicó a La Mira un oficial del Ejército retirado, debidamente identificado pero que pidió la reserva de su nombre.

Añadió que resulta técnica y lógicamente imposible que dos de los cuatro pasajeros que iban en el vehículo atacado con bomba hayan muerto, y los restantes dos efectivos salieran sin daños.

Uno de los sobrevivientes fue identificado como el agente especial de la Senad, Juan Manuel Jara, quien según los informes brindó un testimonio sin consistencia seria y, menos aun documental, acerca de lo ocurrido.

Jara había declarado ante el fiscal de la causa, Joel Cazal, acusado por los familiares de las víctimas de inoperante y de prestarse a los intereses de las autoridades, que iban solo tres personas en el interior de la camioneta atacada, pero después se comprobó que eran cuatro hombres.

La identidad del cuarto hombre nunca fue reconocida por la propia Fuerza de Tarea Conjunta, lo cual pone en entredicho la versión de testigos calificados.

Otro punto que llama la atención del observatorio crítico es la supuesta participación en el atentado de dos hombres en moto, uno de los cuales se encargó supuestamente de depositar el aparato explosivo en el interior del vehículo.

El agente especialista en narcoterrorismo había dicho que los motociclistas fueron perseguidos al ser descubiertos en actitud sospechosa, lo cual echa por tierra la versión de que primeramente depositaron la bomba, tras lo cual huyeron del escenario del atentado y fueron supuestamente perseguidos por la camioneta conducida no se sabe por quién, ya que el agente Jara dijo que el mismo se había bajado para perseguir a sus atacantes.

El misterio en torno al caso continúa con la pregunta de por qué el agente Jara se puso a perseguir a los supuestos terroristas, cuando tenía enfrente la responsabilidad de asistir a sus compañeros gravemente heridos, un protocolo esencial en cualquier operativo oficial y de la propia insurgencia.

“Otra pregunta sin respuesta es cómo un oficial de altos estudios como el agente Jara bajó del vehículo atacado para perseguir a los desconocidos. ¿Iba a hacerlo a pie? ¿Tenía capacidad y energía para alcanzar a personas que se movilizaban en moto, estaban posiblemente armados y podían reaccionar matándolo también a él?”, señaló nuestra fuente.

La justicia ha sentado en el banquillo de acusados del hecho a Alfredo Jara Larrea, soldado de la ilegal Agrupación Campesina Armada (ACA), quien es señalado como chivo expiatorio porque desde cualquier ángulo se puede observar que el detenido no cuenta con evidencias que le comprometan en el atentado.

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