Robo de energía es castigado con hasta 3 años de cárcel

Usuarios expresan sus quejas por los cortes del servicio. La mayoría de las viviendas intervenidas contaba con comodidades básicas y algunas incluso disponen de acondicionadores de aire; también hay despensas que usaban la energía sin pagar.

Robo de energía y apagones, un cóctel pernicioso que impacta con fuerza en los usuarios formales de la Administración Nacional de Electricidad, que mantiene sin alteraciones el esquema de precariedad en sus servicios y somete a la población a un estrés permanente por los cortes de energía a cualquier hora del día en esta época de sofocante calor.

Las autoridades de la energética sostienen que las conexiones clandestinas constituyen un problema recurrente que impacta con fuerza sobre el sistema eléctrico nacional y ocasiona múltiples perjuicios, no solo de orden económico sino en la calidad de la prestación.

Hace unos días, una intervención de la ANDE en el asentamiento 8 de Diciembre y la urbanización San Pedro, de Capiatá, en las afueras de Asunción, derivó en el corte del suministro de decenas de usuarios mau, que poco antes se encontraban protestando públicamente por los constantes apagones en la zona.

Durante la verificación, realizada por técnicos de la agencia regional local de la ANDE, se intervinieron nada menos que 200 viviendas, instaladas en un sector de 10 manzanas, de las cuales más de la mitad tenía conexión eléctrica directa (sin intervención de medidor).

Esta carga ilícita provocó averías en el transformador de distribución de 100 kVA instalado en el lugar, lo cual derivó en el corte abrupto del servicio y originó la queja generalizada que resultó en una multa masiva para los manifestantes.

Según los datos, la infraestructura eléctrica instalada en el asentamiento 8 de Diciembre se había proyectado en principio para abastecer a unas 80 viviendas, con una mínima carga correspondiente a la Tarifa Social.

Sin embargo, a raíz del crecimiento urbanístico de la zona, y de las conexiones clandestinas realizadas, el transformador de distribución instalado en el lugar no puede abastecer la sobredemanda, creando inconvenientes e interrupciones en el suministro eléctrico inclusive a clientes que cumplen con las normativas y están en regla con sus respectivos suministros.

En paralelo, la ANDE realizó una intervención en la fracción Lourdes Beatriz, Los Mangos 2 y en el barrio Kennedy, de la ciudad de Capiatá, donde procedió a cortar el suministro a unas 120 conexiones clandestinas verificadas en el lugar.

El robo de energía está penalizado hasta con tres años de pena carcelaria, por lo cual el ente energético insta a los usuarios a que regularicen sus conexiones para evitar daño patrimonial a la ANDE y riesgos de juicio penal.

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