Protocolo de intervención fiscal-policial, a la medida de invasores

El protocolo de invervención fiscal y policial favorece a los intereses de los invasores, ocupantes y usurpadores de propiedades privadas, perjudicando a los propietarios, señala la denuncia que apunta al ministro De Vargas y el fiscal general Díaz Verón. (Foto: ABC Color).

Para aplicar en el terreno una orden de desalojo, los propietarios de tierras afectados son obligados a cumplir requisitos con fuerza de ley conocidos como protocolos, que según opinión generalizada están plagados de burocracia, perjudicando a dueños de establecimientos productivos y favoreciendo a los intereses de los invasores.

Las quejas se multiplican, especialmente de parte de abogados que quieren hacer cumplir las órdenes de restitución de dominio, pero en casi todos los casos se encuentran con la traba del protocolo, que en ciertas causas se convierten en barreras insalvables debido a la maraña de condiciones y el valor agregado de la falta de voluntad y predisposición de la fuerza pública y la propia fiscalía.

“A muchos les resultará increíble saber cómo opera el esquema, porque mientras unos se manejan de acuerdo a los términos y espíritu de la ley y el orden, otros son beneficiados directamente”, afirmó un abogado abordado por La Mira.

Explicó que mientras los fiscales dan la vuelta para decidirse a cumplir las órdenes judiciales, la Policía hace lo propio buscando pretextos para no intervenir.

“Siempre tienen un ‘pero’ a la hora de responder a una orden de desalojo. Esta situación, que persiste sin visos de solución inmediata aparente, beneficia directamente a los usurpadores de propiedades ajenas, quienes de esta manera disponen de abundante tiempo para consolidar su posesión ilegítima”, recalcó nuestra fuente.

Aclaró que el tiempo a favor es aprovechado al máximo por los invasores para construir casas y dedicarse a actividades productivas “para la foto”, mientras los líderes “trabajan” en acumular el compromiso de más “compañeros y compañeras” cuyo concurso eventualmente será utilizado en las manifestaciones de presión.

“Se trata de un esquema a todas luces delincuencial, que ha venido madurando con el tiempo y la impunidad, mientras los propietarios legítimos deben lidiar con un frente orquestado por profesionales de la extorsión que convierten hábilmente a las víctimas en victimarios”, recalcó el abogado.

Dijo que existen innumerables pedidos de cambio del protocolo en cuestión en las oficinas del ministro del Interior, Francisco de Vargas, y del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, pero que hasta el momento ambas autoridades han dado nones al reclamo de los propietarios sin argumentos de ningún tipo, que muchos abogados interpretan como un signo de sumisión o temor ante el poder que se mueve en torno a los intereses de los ocupantes, invasores o usurpadores de tierras ajenas, “colaborando” de esta manera con la inseguridad jurídica que campea en Paraguay.

 

 

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