Paraguay tiene una estación de servicios para cada 2.768 habitantes

Estaciones de servicio por doquier en la república del Paraguay, como síntoma de un negocio próspero que tiene sus pro y sus contra. Según datos oficiales, hay un servicentro disponible para cada 2.768 habitantes, un promedio superior al de escuelas y hospitales.

Más que un importante puesto de salud o una estratégica escuela para la población, en nuestro país sobreabundan las estaciones de servicio, de acuerdo a un informe oficial divulgado por el propio ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite.

“Durante este gobierno se inauguraron 530 servicentros, lo cual demuestra que la gente se está moviendo. Cuando asumió el presidente Cartes había 2.000 centros expendedores de combustible en el país, pero hoy tenemos más de 2.500”, afirmó el secretario de Estado.

Se trata de un negocio de mucha dinámica que mueve activos por valores siderales y, en la contracara, favorece a la demanda laboral con miles de puestos de trabajo, y sumas millonarias en impuestos y otro tipo de tributo fiscal, ambiental y municipal.

Informes de la Seprelad (secretaría oficial contra el lavado de activos) indican que la instalación de servicentros constituye la actividad más requerida por la mafia para el blanqueo de dinero sucio, incluidos los millones procedentes del narcotráfico.

El enorme caudal económico y financiero que mueve este rubro comercial sepulta impunemente leyes que garantizan la seguridad ciudadana.

En ese sentido, las normas prohíben el funcionamiento de estaciones de combustibles a menos de 500 metros de instituciones educativas, mercados y centros hospitalarios públicos o privados, entre otros lugares con mucha afluencia de gente.

Sin embargo, a simple vista se pueden observar en cualquier rincón del país estos complejos construidos en las narices de locales donde frecuentan escolares, clientes o enfermos, incluso instituciones públicas, operando abiertamente las 24 horas del día.

El pingüe negocio, además, arrastra voluntades, porque ninguna autoridad vinculada con la regularización de estos abusos se anima a intervenir, con lo cual la situación permanece indefinidamente impune, mientras la seguridad de la población pende de un hilo.

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