“Pagan a planilleros, en vez de invertir para enseñar a docentes”

Cartes aparece en la foto oficial con rostro preocupado al escuchar el informe de la ministra acerca de un segundo listado de posibles planilleros, que suman casi 600 personas sospechosas de cobrar sin trabajar.

Reacciones críticas produjo el segundo informe del Ministerio de Educación acerca de una nueva lista de personas sospechosas de planilleras porque en las computadoras del MEC aparecen solo los nombres y salarios respectivos, pero no la actividad por la que cobran, el trabajo que realizan y otros datos relevantes que justifican su condición de funcionario.

“Están pagando millones a parásitos, en vez de invertir en expertos que puedan enseñar a nuestros docentes clases de castellano”, expresó Maribel Cañiza.

La lectora aludió de esta manera al aplazo masivo de profesores en el 2015 a una prueba de aptitud establecida por el MEC para que los docentes puedan calificar y optar por cargos vacantes, que resultó en el descubrimiento de maestros con señales de ignorancia funcional.

“Échelos, que sean enjuiciados, encarcelados y devuelvan todo lo robado”, señala en su sitio social, Marlene Goiburú, al remitirse a la ministra de Educación, Marta Lafuente, quien fue la encargada de entregar al presidente Cartes el listado de los posibles planilleros, término utilizado en Paraguay para descalificar a las personas que cobran salario del Estado sin trabajar.

Las 180 personas identificadas en el informe se suman a la nómina de otros 394 funcionarios que se encuentran igualmente comprometidos en la “lista negra” del Gobierno.

De acuerdo a los datos, el MEC les bloqueó la cuenta a los sospechosos, quienes tienen tiempo hasta este viernes para presentarse ante las autoridades encargadas de la “limpieza” institucional, con las documentaciones correspondientes, especialmente lugar, horario y responsabilidad laboral, y datos complementarios que figuran en un cuestionario que les será entregado en la ocasión.

El caso tiene relación con una solicitud de informe del Poder Ejecutivo a toda la función pública para que, a través de sus principales autoridades, informen en un plazo de 48 horas acerca de los contratos y beneficios de los funcionarios bajo su responsabilidad, sin excepciones.

El objetivo de la inédita iniciativa, según el propio Cartes, es la transparencia en la administración del Estado, mientras sectores críticos dudan acerca de la veracidad de las informaciones que le harán llegar al Presidente, debido a casos de enormes intereses en juego, especialmente de parte de roscas de privilegiados en el entorno de las autoridades con poder de mando y decisión.

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