Ortigoza, la cara visible de un feroz negociado en Indert

Luis Ortigoza deberá declarar en juicio oral y público acerca del sonado caso San Agustín, donde están involucrados también un ex senador y un diputado liberal, entre otros ex jerarcas que no son investigados por la justicia.

Luego de varias chicanas que lograron extender por un tiempo el proceso cargado de incidentes de la causa por presunto negociado con las tierras de San Agustín, finalmente el expresidente del Indert, Luis Ortigoza, fue señalado por la justicia como el comprometido en la causa y ordenó que el joven operador político liberal sea sometido a juicio oral y público en fecha aun no determinada por el juez Rubén Riquelme.

El hecho presuntamente se cometió durante el gobierno de Federico Franco, cuando Ortigoza, amigo personal del entonces presidente de la República, fue nombrado titular del ente agrario nacional a pesar de no tener experiencia ni formación académica relacionada con el importante cargo en una dependencia que debe administrar tierras para el campesinado pobre necesitado.

Los desencuentros no tardaron en llegar y se hicieron patentes con las protestas de sectores que reclamaban tierra propia, mientras Ortigoza se manejaba en otros niveles alejados de su responsabilidad.

Los resultados del descuido en la atención a los problemas campesinos degeneraron en un estado de descontento generalizado, que acabó con el escándalo del establecimiento San Agustín, en el departamento de Cordillera.

Según el expediente, se trata de un supuesto caso de estafa por G. 60.000 millones en contra del patrimonio del Estado paraguayo, consumada a través de la compra sobrefacturada e indebida de tierras no aptas para la agricultura y, por tanto, no sujetas al proyecto de desarrollo agropecuario idealizado por el gobierno en la lucha contra la pobreza rural.

En el “affaire” están involucrados en grado de cómplices y encubridores el político oviedista y entonces senador nacional por el Unace, Jorge Oviedo Matto y el diputado liberal Milciades Duré, imputado por otro caso aun impune de supuesto desvío de millones de guaraníes durante su época de gobernador de Cordillera.

De acuerdo a los datos, el supuesto negociado con San Agustín se registró en el último lapso del gobierno de Franco, con el propósito de destinar parte del dinero a campaña política, teniendo en cuenta que el PLRA en el poder, después de la destitución de Lugo, apuntaba a otro período de cinco años de gobierno.

Los liberales consumaron el negociado con premeditación y alevosía, en la seguridad de que ganarían las elecciones del 2013 y con ello congelarían de por vida el caso San Agustín, lo cual no ocurrió, opinan analistas políticos que siguen de cerca el desarrollo del caso.

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