Orden de prisión para Lula coloca al Gobierno al borde de la crisis

Lula enfrenta su peor momento político como secuela de un escándalo que amenaza con la mayor crisis política del Brasil en la era moderna, con la corrupción como protagonista de alto nivel.

Como seguidilla de un escándalo de proporciones que coloca en estado de crisis al Gobierno de Brasil, el ex presidente Luiz Inácio “Lula” Da Silva enfrenta una orden de prisión preventiva, mientras aguarda un juicio penal por lavado de dinero y otras figuras de corrupción en la hora más negra del otrora presidente más popular y cara visible del Partido de los Trabajadores que también llevó al poder a la actual Presidenta, Dilma Rousseff, también acusada de corrupción.

La petición de cárcel para Lula argumenta el riesgo de fuga y señala que este hecho sería extremadamente simple.

Los fiscales expresan su temor de que el expresidente movilice a su “red violenta de apoyo” para obstaculizar el proceso en su contra y que amenace a víctimas y testigos.

La acusación también ataca a la presidenta de la República porque pretende “blindar al denunciado, erigiéndolo en un ciudadano por encima de la ley”.

Este viernes, el presidente que sacó de la pobreza a 30 millones de personas recibió un golpe muy duro de la democracia cuando ni bien asomó el sol de la mañana un regimiento de 200 policías fuertemente armados, con apoyo logístico y equipos antidisturbios, llegó a la casa de Lula en las afueras de San Pablo y le tomó por detenido.

En sede policial, el ex poderoso líder sindical metalúrgico fue interrogado sobre su presunta participación en una trama corrupta que desangró durante años la petrolera estatal Petrobras.

Aún sin tiempo para recuperarse del impacto de ver al presidente más popular de la democracia en esa coyuntura, los brasileños asimilaron una acusación formal contra Lula por evidencias de corrupción.

La fiscalía lo acusa de ser uno de los principales beneficiarios de un sistema de desvío de dinero en Petrobras (entre 2004 y 2012 el monto desviado sería de 2.400 millones de euros) para favorecer a empresas corruptas.

La macrooperación policial del viernes, bautizada como “Aletheia”, en referencia a la expresión griega “búsqueda de la verdad”, fue a lo grande: 200 policías y 30 auditores de Hacienda cumplieron órdenes judiciales en los Estados de São Paulo, Río de Janeiro y Bahía.

Lula reaccionó indignado en una conferencia de prensa después del interrogatorio forzoso, afirmando que se sintió “prisionero”, y que no le temía a la verdad pero sí al escándalo mediático generado por opositores políticos, a quienes acusa de inventar una trama engañosa para acusarlo a él y a otros referentes del PT de estar involucrados en el mega escándalo de corrupción.

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