Nostálgicos buscan reflotar la perversa figura del “pyragué”

El diputado Dany Durand defiendo la letra y los alcances del proyecto de ley, pero los detractores sostienen que se trata de legalizar el espionaje y las delaciones reflotando la triste figura del «pyragué».

Posiciones diametralmente encontradas genera en Diputados un proyecto de ley que, en el texto, busca mejorar el sistema de seguridad nacional recabando datos de personas sospechosas de cometer delitos, pero según detractores se trata de un esquema abierto de espionaje y delaciones, al mejor estilo stronista.

“Es evidente que con este proyecto estamos regresando al pasado oscuro del país que todos conocemos”, afirmó la diputada Olga Ferreira, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Al manifestar su total rechazo a la ley en cuestión, dijo que se trata de revivir el “pyragué” y que ningún ciudadano puede tener la certeza de que los datos que se manejan sobre su persona serán al solo efecto de hacer un seguimiento referente a un hecho ilícito que lo involucra.

“Quién nos garantiza que esos datos no serán utilizados indebidamente, en un país donde se conoce el esquema de funcionamiento de la delincuencia organizada”, señaló Ferreira.

Ahondando en detalles, comentó que supuestamente los términos del proyecto no tienen previsto espiar el contenido de los mensajes y otros tipos de comunicación vía internet, pero que hay un solo paso entre analizar datos y revisar contenidos.

Alertó sobre las graves consecuencias que tendrá para el derecho de la privacidad de las personas la sanción de la proyectada ley, que fue motivo de discusiones polarizadas en la sesión ordinaria anterior.

Uno de los proyectistas, el diputado Dany Durán, defendió la letra y los alcances del proyecto expresando que urge establecer mecanismos más modernos en la lucha contra la delincuencia o la criminalidad, debido al incremento de la inseguridad en el país.

“Debo insistir, una vez más, que acá no se va hacer investigación o seguimiento de contenido, sino de datos”, recalcó, tras explicar que se trata de hacer seguimiento explícito de una o más personas asociadas a delitos investigados por la Policía en base a órdenes fiscales debidamente acreditadas.

“Es necesario saber, muchas veces, dónde estuvo un sospechoso, cuáles fueron sus movimientos, y cosas por el estilo, que podrían ayudar a esclarecer un caso complejo y con ello hacer justicia”, remarcó el diputado colorado.

Apuntó que la cuestión no es tan simple, como muchos creen, porque las principales afectadas, que son las operadoras de internet, deberán invertir 7 millones de dólares para acondicionar su tecnología y poder cumplir con las órdenes judiciales que determinarán el acceso a datos específicos de clientes involucrados en delitos.

 

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