Referentes de sectores productivos señalan que la “regularización” de Marina Cue a favor de los ocupantes reivindica la violencia y la criminalidad como fórmula para obtener tierra propia, en un pimponeo peligroso de los términos y espíritu de la Constitución Nacional.

Senadores de varias bancadas dieron luz verde para la aprobación de un controvertido proyecto de ley que, en líneas generales, apuesta por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) como instituciones responsables de las tierras de Marina Cué (jurisdicción de Curuguaty, departamento de Canindeyú), que en el 2012 fueron escenario de una cruenta agresión que dejó 11 invasores campesinos y 6 policías fallecidos y, en la parte jurídica, una lucha encarnizada entre defensores de la ley y apólogos de ideologías políticas socialistas.

El Mades es calificado como elefante blanco por su gestión altamente ineficiente en el manejo, cuidado y control de los recursos naturales del país, mientras el Indert se maneja como un compartimiento blindado donde se practican voluminosas cocinadas como producto de la corrupción generalizada sustentada en transa.

Marina Cué es una propiedad de 1.748 hectáreas entregadas en 1967 al Estado paraguayo por la empresa La Industrial Paraguaya, a nombre de la Armada Nacional.

En el 2004, el gobierno decretó que las tierras pasen a jurisdicción del Indert para ser destinadas a la reforma agraria, ante la oposición de propietarios de la empresa Campos Morombí, que a través de abogados reivindicó el derecho de usucapión con sentencia judicial favorable, un año después, seguida de una serie de recurrencias jurídicas que persisten hasta nuestros días.

En Marina Cue confluyen actualmente dos corrientes de lucha muy fuertes: Por un lado, la familia Riquelme, que busca convertir las tierras en conflicto en una reserva forestal intocable, y, por otra parte, organizaciones campesinas apoyadas con uñas y dientes por políticos oportunistas y sedientos de votos, ONGs alimentadas por ideologías fundamentalistas y un formidable equipo de apoyo mediático.

En la última sesión del Senado, luego de ásperas discusiones, aprobaron y remitieron al Ejecutivo para su promulgación el proyecto de ley que declara de interés social y desafecta la finca Nº 30, padrón Nº 61 del distrito de Curuguaty, Departamento Canindeyú, propiedad de Estado paraguayo, y autoriza al Poder Ejecutivo -Indert- a compensar y a transferir a favor del Mades y el Indert el inmueble individualizado como matrícula Nº N05/733 de Karapai, y padrón Nº 736 de Karapai, y los declara como área silvestre protegida bajo dominio público, presentado por la diputada Jazmín Narváez.

Narváez señaló que luego de un diálogo con el Gobierno nacional se llegó a una propuesta legislativa para que el Mades transfiera al Indert la propiedad, para dar inicio al proceso de tenencia de tierra de sus ocupantes.

La senadora colorada oficialista Blanca Ovelar afirmó que, en este caso a través del Congreso nacional, se busca compensar a los ocupantes, mientras el senador Sixto Pereira sostuvo que se trata de una tierra pública declarada área silvestre protegida (según la ley, las áreas protegidas deben estar blindadas a cualquier proyecto de ocupación y explotación, especialmente del área verde).

A pocos kilómetros de Marina Cue se mantiene impune la invasión de la estancia Pindó, donde los campesinos han declarado al lugar “territorio liberado” y, también con soporte ideológico, sostienen una estructura de violencia que apunta a lograr la “regularización” de la propiedad privada a través del uso de la fuerza.

Sectores que apoyan la causa campesina reivindican la muerte de los invasores, ante el reclamo sin retorno de familiares de los policías caídos.

“En medio de la tragedia, solo los familiares de otros policías lloramos la muerte de nuestros héroes con uniforme caídos en cumplimiento del deber. Del otro lado, vemos a diario cómo el propio gobierno discrimina a los muertos, intimidado por la espada amenazante de sectores radicales campesinos, ONGs, políticos socialistas y la prensa”, señala una nota dada a conocer a través del sitio social de familiares de agentes fallecidos en Marina Cué, que coinciden en calificar las muertes de sus parientes como “asesinatos”.

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