Según la denuncia, los invasores ponen en práctica un esquema planificado de posesión y consolidación de dominio, y a partir de ahí, con la ayuda del poder político, buscar la “legalización” de la usurpación, como ocurre en la estancia Pindó.

Como si se tratara de tierras adquiridas legalmente, o como resultado de la cesión gratuita del Estado para los auténticos sintierras, campesinos de la comunidad 1º de Marzo que se mantienen atrincherados desde hace 8 años en la propiedad privada Pindó, jurisdicción de Ybyrarovana (Canindeyú), brindaron este miércoles cátedras de conocimiento jurídico ante la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Senadores, como parte de la iniciativa legislativa que busca poner fin a la situación declarada, que en todos los casos significa millones de dólares en pérdidas para los dueños de las tierras (e igual monto de beneficios o ganancias para los usurpadores) y el peligro latente de la pérdida total del Estado de Derecho y la seguridad jurídica en la zona y, por extensión, en todo el territorio paraguayo, más aún teniendo en cuenta que en octubre pasado tres senadores de la nación visitaron el lugar e instaron a las familias a consolidarse en el lugar e incluso seguir ocupando “tierras malhabidas”.

Los campesinos instalados en las tierras de Pindó afirmaron que acudieron al Senado a defender sus derechos de residir en tierra propia, producir e insertarse en el esquema de vida digna consagrada por la Constitución Nacional, pero en ningún momento aludieron a la obligación de respetar la propiedad privada, la vida y el derecho de terceros, a más de incontables leyes que castigan con severidad la violencia, la portación ilegal de armas, las amenazas de muerte, la extorsión, la depredación irracional de bosques nativos de valor incalculable, el abigeato, el narcotráfico y tantos otros delitos de perfil criminal cometidos impunemente en el asentamiento desde hace 8 años.

Uno de los líderes invasores, Ramón Mercado, hizo uso de palabra y dijo que ellos han realizado todas las gestiones que exige la Ley de la Reforma Agraria, el Estatuto Agrario, Indert, “y a la medida de eso también venimos construyendo nuestra comunidad; hay visita de los parlamentarios, hay informes de organismos de derechos humanos, hay informes del Indert, todos ellos constataron el desarrollo que ha tenido nuestra comunidad en materia de producción, de arraigo, de instalación de servicios básicos como caminos, electrificación, tenemos 270 alumnos en nuestras 3 escuelas que funcionan con sus docentes, tenemos 430 familias que tienen el derecho de vivir dignamente con su trabajo en su propia tierra”.

Sin exhibir documentos, sino orientado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y algunos senadores bien identificados como cómplices (entre ellos el propio presidente de la Comisión de Reforma Agraria, Pedro Santacruz, a más de Sixto Pereira y Hugo Richer, que en este caso actúan de juez y parte) expresó que las tierras que usurpan son del Estado paraguayo, despreciando el título de propiedad exhibido decenas de veces por los propietarios, quienes afirman que se trata de tierras legítimas obtenidos en su momento de una transacción comercial entre Enrique Bendlin y el Instituto de Reforma Agraria (precursora del IBR y del Indert), debidamente protocolizada por el Estado paraguayo a través de los mecanismos jurídicos correspondientes.

Mercado dijo también que, si se demuestra que las tierras de Pindó no son malhabidas, el Estado debe indemnizar a los propietarios, manteniéndose en su postura, y la de todos sus compañeros invasores, de apropiarse por la fuerza de la propiedad ajena, para lo cual apelaron a la táctica de la victimización, colocándose hábilmente en “modo aichejáranga”.

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