Los invasores han asumido la propiedad ajena como territorio liberado, donde practican todo tipo de actividades ilegales, entre ellas la tala irracional de valiosos árboles y el cultivo de la marihuana, todo ello ante la mirada cómplice de las autoridades.

Poco después de que una agrupación de 200 personas abandonara por un par de horas la propiedad invadida en la zona de Ybyrarovaná, departamento de Canindeyú, para exigir reivindicaciones sociales al gobierno a pesar de violaciones en cadena de derechos de terceros, en este caso de la Agroganadera Pindó S.A., propietarios de la empresa afectada fueron recibidos en audiencia por el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Dr. Pedro Galli Romañach, quien se interesó por la situación de terror que enfrenta la inversión paraguaya y prometió acompañar institucionalmente los reclamos de reposición del dominio usurpado, en el marco del Estado de Derecho y la seguridad jurídica.

Los propietarios del establecimiento, Rainer y Axel Bendlin, sostuvieron que en Pindó, quizá como en ningún otro establecimiento invadido, se han venido cometiendo abusos de todo tipo a partir del 2012, cuando un primer grupo de supuestos campesinos sin tierra ingresó al lugar y procedió a destruir todo lo que encontró a su paso, procediendo seguidamente a establecerse por la fuerza, sin que ninguna fuerza pública se haya animado a intervenir directamente en todo este tiempo, lo que fue aprovechado por los campesinos para depredar de forma inmisericorde añosos y valiosos árboles de la reserva boscosa de 4 hectáreas, y dedicarse a full a otras actividades ilegales, como el abigeato y la producción de marihuana.

La extensión invadida y ocupada supera las 4.500 hectáreas, de un total de 6.000 hectáreas con que contaba originalmente la propiedad privada, que hasta el momento del ataque se dedicaba a la producción de ganado de élite y el cultivo sustentable, dando mano de obra a muchas personas de la zona.

Hace un año, los invasores conformaron la asociación de productores Yoayú, con la clara finalidad de legalizar un despojo, afirmaron los propietarios, tras señalar que también reclaman la instalación en el lugar de un puesto de salud, escuela, oficina del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y otras dependencias gubernamentales, sin tener en cuenta que las tierras son ajenas y, por tanto, no pueden ser sujetas de servicios públicos.

Acompañaron la reunión en la ARP la asesora jurídica de Pindó S.A., Dra. Margarita Colmán, y el presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la ARP, Dr. Diego Torales.

Los hermanos Bendlin solicitaron que las autoridades vinculadas con este problema sean mantenidas actualizadas sobre la situación de violencia del cual son víctimas y alertar a las instituciones públicas sobre el pedido ilegítimo de instalar en el lugar invadido escuela y puesto de salud.

Enfatizaron el grave daño ecológico que sufre la propiedad en toda su extensión, con la tala irracional de bosques, que por un lado provoca perjuicios irreversibles para el medio ambiente y al mismo tiempo genera ganancias sucias millonarias para los mismos invasores.
“Valoramos el importante apoyo de la ARP a nuestro reclamo de justicia como soporte vital para continuar con nuestra lucha, que apunta esencialmente al respeto de la propiedad privada, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica”, afirmó Reiner Bendlin, tras recalcar que “la invasión de Pindó S.A. significa, en los hechos, un catálogo de delincuencia de todo tipo, incluso la de carácter criminal, que debe terminar de una vez por todas por el bien del país”.

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