Eduardo Almeida, representante en Paraguay del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que a través de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) avaló el irregular préstamo a Tigo, que le redituó al ente crediticio 580.000 dólares por el “servicio”, según fuentes de La Mira.

El préstamo irregular concedido en el 2017 por el Instituto de Previsión Social (IPS) a la empresa Telefónica Celular del Paraguay SA (Tigo Paraguay), ha significado una pérdida patrimonial superior a los 27 millones de dólares para los fondos de los asegurados, jubilados y cotizantes del seguro social obligatorio, y tiene mucho que explicar en el affaire la representación local del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que, a través de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), prestó su aval para concretar el bastardo negociado, que según datos obtenidos por La Mira tuvieron una “contraprestación” en metálico de 580.000 dólares, que se agregan al acumulado de pérdidas potenciales de la previsional.

El informe final de la Contraloría General de la República sobre el caso afirma que el BID fue involucrado en su calidad de encargado de identificar a los clientes, los cuales deben cumplir con los criterios de elegibilidad para el otorgamiento del préstamo, luego de los análisis de las propuestas de los interesados.

La representación local de la entidad crediticia regional (a cargo de Eduardo Almeida) transgredió de forma flagrante sus propias reglas y principios de transparencia y credibilidad al actuar bajo la batuta de la asociación ilícita conformada por autoridades del IPS y empresarios de Tigo, quienes acudieron a esa alta instancia de referencia internacional para buscar y encontrar el punto exacto de coincidencia que llevara a concretar el negocio entre cuatro paredes urdido inicialmente durante la presidencia del Abog. Fernando Silva Facetti, y rematado con arteras adendas por el Abog. Benigno López en el 2015.

El argumento de la telefónica multinacional para acceder al sistema de préstamo, negado a decenas de empresas con méritos legítimos mareadas en sus derechos, fue el financiamiento de la expansión de la red 3G y 4G LTE para Asunción y algunas localidades de mucho tráfico comunicacional del Paraguay.

El marco legal del IPS prohíbe taxativamente desembolsos financieros a empresas o firmas de carácter o fines comerciales o de índole vinculante, y limita los préstamos a grupos o corporaciones dedicadas a la producción.

La Dirección Jurídica del IPS también se prestó al préstamo mau tras otorgar su correspondiente aval, donde expone que la institución cumplía con las condiciones establecidas para ese tipo de operaciones financieras, citando explícitamente artículos de la Carta Orgánica que, irónicamente, prohibían el tipo de negocio que estaban a punto de sellar el IPS y Tigo Paraguay, con el arbitraje del BID.

La Resolución de fecha 29 de junio de 2017 aprueba finalmente el préstamo de 367 mil millones de guaraníes a la empresa telefónica, y establece el monto de G. 402 mil millones como fianza, que no sería tal porque Tigo no cuenta con activos clavados y plantados a su nombre en el Paraguay, según nuestras fuentes.

En el detalle de la operación financiera de rigor se asienta la calificación de “Estable AA” del fiador (BID).

El documento pasa olímpicamente por alto el hecho de que el interesado no es sujeto del préstamo al incumplir condiciones innegociables e irrebatibles para las concesiones, sellándose de esta manera un nuevo capítulo negro de la historia del IPS, manchada de corrupción, irregularidades, asociaciones ilícitas, licitaciones amañadas, pactos de impunidad y reparto perverso de los recursos institucionales para la fabricación de nuevos ricos a la sombra de derechos negados a los reales propietarios y dueños del dinero del IPS, los asegurados aportantes y los jubilados.

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1 Comentario

  • Odilio Ramón Montiel Vera, 09 julio 2020 @ 14:46 Reply

    Esto antes de ayudar vienen a robar y apañar s los ladrones de fondos públicos una vergüenza es pruebas sus actos y hechos existen a montones.

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