El pedido de interpelación presentado a Diputados contiene una serie de denuncias de corrupción y mala gestión de gobierno, a pesar de lo cual el bloque de pesos pesados “no vio” irregularidades y le dio cheque en blanco Bacigalupo para seguir abusando del poder.

La Cámara de Diputados, señalada por senadores de la oposición de traficar influencia para blindar sus pillajes en la declaración jurada de bienes, maniobró en bloque para asestar un “no” rotundo a 15 miembros del órgano legislativo que pidieron interpelar a la intocable ministra del gobierno de Marito, Carla Bacigalupo, en la mira desde hace un par de años por presunta corrupción en el manejo de los fondos públicos y mal desempeño de sus funciones, entre otras perlas endilgadas a la política colorada.

La polémica ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) se había desempeñado como ministra de Justicia durante el gobierno de Cartes, pero debió salir por la puerta de atrás antes de terminar su mandato tras ser acusada de un escándalo de proporciones con el manejo irregular de fondos de la institución a su cargo para financiar un tour por la lejana India, que nada tenía que ver con sus funciones ni con el interés de la gente.

De la mano de Marito logró su retorno al poder, y desde que asumió ha venido cometiendo irregularidades de diverso tenor, señala la presentación de Diputados al argumentar el pedido de interpelación.

Una de las últimas críticas cosechada por la “ministra de oro” de Marito fue la presentación de una declaración jurada amañada, que la ley sanciona incluso con la pérdida del cargo, pero ella permaneció inmune e impune bajo el amparo de sus padrinos políticos.

Ahora, la Cámara Baja le dio otro respaldo para seguir cometiendo abusos en la función pública, donde nadie es echado por corrupto, según afirmó el líder político Domingo Laíno.

El diputado Derlis Maidana (colorado), presidente y vocero de la Comisión de Asuntos Constitucionales explicó que la comisión a su cargo decidió, por unanimidad, no emitir dictamen al respecto, porque la figura de la interpelación está establecida en la Constitución Nacional.

Por su parte, el diputado liberal Eusebio Alvarenga afirmó que la plenaria es soberana en la decisión que adopte, en el sentido de definir si se hace o no la interpelación, por lo cual correspondía someter a consideración del Pleno la interpelación de la ministra de Trabajo.

El senador Hugo Richer denunció días pasados que un grupo de 15 diputados cometieron el delito de tráfico de influencia al presionar a la Corte para blindar sus declaraciones juradas falsas.

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