Luz roja sobre interpretación chicanera de la ley y un hipotético golpe de Estado

Fariña aparece con el ex presidente Lugo y está señalado de intentar torcer la Constitución Nacional afirmando que la reelección presidencial está permitida en Paraguay, excepto para los que están en el poder, señala el sociólogo.

Ante las dificultades de la enmienda o reforma de la Constitución Nacional para habilitar la reelección presidencial, resta la búsqueda de una interpretación retorcida de la Constitución que niegue el mandato de la misma, la cual señala que el presidente y el vicepresidente de la República no podrán ser reelectos en ningún caso (CN, Art. 229), afirma el sociólogo José Carlos Rodríguez.

En un artículo con su firma divulgado por la revista especializada Economía y Sociedad, del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), Rodríguez observa que se está a las puertas de una interpretación chicanera de la Constitución Nacional y con ello “literalmente en un golpe de Estado”.

Sin embargo, desde el punto de la factibilidad política, es lo más fácil de perpetrar, aclara.

“Una Corte Suprema de Justicia que miró a otro lado cuando se depuso en pocas horas a un presidente de la República puede estar dispuesta a forzar la ley obedeciendo a la influencia del poder, como parece que fue el caso de los diputados liberales que votaron para hacer posible la prolongación de mandato vía enmienda”, recalca.

Rodríguez añade que “la interpretación torcida de la Constitución tiene el nombre de Marcos Fariña, el abogado consejero de Frente Guazú, que considera que en el Paraguay la reelección presidencial está permitida, excepto para aquellos que están en el cargo”.

“Basta desvincularse seis meses antes para poder ser reelecto, o haber sido presidente hace más tiempo. Esto oscurece el horizonte, porque los líderes políticos favoritos pueden aventurarse hacia esta alternativa”, alerta el sociólogo.

Llama la atención sobre la especulación que circula con respecto a Cartes, en el sentido de que “podría terminar aceptando la interpretación Fariña y, para ello, ‘operaría’ sobre el Poder Judicial y dimitiría seis meses antes de las elecciones. O sea, les pediría un favor a cambio de algo”.

“Fuera de las fronteras de la Constitución, dentro de las fronteras de la administración de Justicia, pueden ocurrir eventos impredecibles”, lamenta Rodríguez.

Explica que, de concretarse esta maniobra, el resultado sería devastador.

“Si la deposición de Fernando Lugo ha sido vista como un golpe de Estado, una nueva violación de la Carta Magna significaría adentrarnos a fondo hacia el país informal. Un país paraíso fiscal donde todo vale, un país safari donde hay permiso para depredar la ecología y los derechos sociales, un país que sólo atrae al empresariado rentista y extractivista, incompatible con la creación de una sociedad justa, con el Estado de derecho y la vigencia de una democracia de buena calidad, cosas que no tenemos”, puntualiza finalmente.

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