Lamentable vigencia de la cultura del robo, sostenida por el poder

Comisario Francisco Alvarenga, comandante de la Policía Nacional del Paraguay. Sobre sus hombros cae y recae la responsabilidad de los subordinados, y hubiera sido el primero en dar un paso al costado cuando surgen escándalos como el de los vales para combustibles, pero se mantiene campante en el cargo con el guiño del poder.

A solo unos días de iniciada la investigación periodística sobre el escándalo con vales de combustibles en la Policía Nacional, van apareciendo detalles escalofriantes, que apenas constituirían la punta de un ovillo que amenaza con adquirir ribetes sensacionales, tanto en cifras como en el sistema operativo utilizado para robarle al Estado, o sea, a todos los paraguayos.

Lo que está develando la prensa constituye una práctica perversa, con rótulo de traición a la patria, implementada por malos ciudadanos en quienes el Estado confió la correcta administración de los bienes y recursos públicos.

Robar, ha dejado de ser novedad en la función pública.

Es tanta la multiplicación de eventos donde se echa mano del presupuesto público para engrosar cuentas particulares de los administradores de turno, que no llama mucho la atención, a menos que los montos pasen la raya o los involucrados sean fuera de lo común, como está ocurriendo en la Policía Nacional.

La institución policial arrastra sobre sus espaldas una pesada carga de corrupción e inmoralidad, que, en algunos casos, le hace competencia a la delincuencia a la que dice combatir.

Los comandantes del arma, uno tras otro, se han plegado campantes al ímpetu poderoso del “sistema”, que todo lo corrompe y contamina.

El uniforme policial ha sido manchado con la sangre de muchos compatriotas, apaleados a mansalva durante la dictadura, y tirados como producto de exportación al otro lado de la frontera.

La dictadura marcó con huella profunda la rutina de quienes, según la Constitución, deberían constituirse en celosos defensores de la seguridad ciudadana, pero que, con el paso de los años, han acuñado una cultura viciosa que acabó por instalar un “estatu quo” con fuerza de ley.

Pocos uniformados se salvan de sospechas de rapiñaje o alteración intencionada de las intervenciones con el propósito de obtener algún beneficio.

El ejemplo lo sirven en bandeja los altos jefes, convertidos mayoritariamente en burgueses acomodados, con vida de lujo, respaldados por ingresos que no podrían justificar con sus salarios.

La historia de procesados y destituidos de la institución policial por mala praxis o conducta recaudadora está vacía de comandantes, directores y jefes.

Sí está plagada de suboficiales, el grado más bajo de la jerarquía verticalista.

La responsabilidad compartida -por omisión, complicidad o negligencia- de los jefes policiales con subordinados acusados de malos procedimientos o corrupción, no es posible lograr en el sistema de gobierno actual, donde, en muchos casos, los propios jefes “tiran a los leones” a inocentes para salvar sus pellejos en peligro.

Esto mismo, según las investigaciones en curso, ocurrirá en la Policía Nacional, donde, tempranamente, surgen suboficiales como sospechosos, cuando, en primer lugar, el comandante y algún director ya debían haber sido separados de sus cargos mientras se sustancian las pesquisas.

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