Juicio que complica a Cooperativa Colonias Unidas va al opareí

El asesor jurídico de la Presidencia explica a periodistas los alcances de las chicanas que buscan frenar y llevar al opareí un juicio penal por delitos informáticos que provocaron perjuicio patrimonial multimillonario al fisco, según afirmó.

Un juicio penal donde están en juego unos 50.000 millones de guaraníes de perjuicio patrimonial para el fisco a través de créditos fraudulentos otorgados a empresas ficticias va rumbo al opareí.

Así expresó el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Sergio Godoy, tras poner en tela de juicio las recusaciones en serie planteadas por abogados defensores contra fiscales, investigadores y magistrados intervinientes, que solo buscan dilatar los procedimientos y precipitar su prescripción, señaló.

En reunión con periodistas, Godoy recordó la política de transparencia de gestión en la Administración Pública promovida por el Gobierno, y cuestionó las numerosas causas penales por corrupción, lesión de confianza, estafa y otros delitos que están trabadas sin fundamento jurídico válido, según expresó.

Mencionó específicamente la causa caratulada “Fabio Gaona Aquino y otros s/ estafa por medios informáticos y otros”.

Explicó que a través de este fraude informático se generaron créditos fiscales a nombres de empresas ficticias que luego fueron transferidos a particulares, entre ellas la Cooperativa Colonias Unidas y Ale Industrial, entre otras.

De acuerdo a los datos, la causa penal cuenta con 12 imputados, aunque la investigación no puede continuar su tramitación normal a causa de las chicanas jurídicas interpuestas por defensa.

“La dilación causada por el abuso de la recusación contra los fiscales investigadores y magistrados intervinientes, efectuada por la defensa, es insostenible. Claramente  el objetivo principal es dilatar el procedimiento y provocar su prescripción. Esta conducta dilatoria roza la punibilidad por frustración de la persecución penal (art. 292 CP)”, puntualizó Godoy.

“Lo preocupante es que el plazo para la culminación de la etapa preparatoria está llegando a su término, y existe gran probabilidad de que la acusación no tenga suficiente sustento fáctico”, expresó.

“De esta forma, el grave perjuicio patrimonial para el fisco podría quedar impune, y la expectativa de justicia de la sociedad nuevamente defraudada”, precisó el asesor jurídico de la Presidencia de la República.

El castigo de la Ley para los sentenciados por delitos informáticos incluye multas y penas de hasta 5 años de cárcel.

 

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