Inédita multa de G. 1.600 millones para depredadores de bosques

SEAM frenó en parte el pingüe negocio de los depredadores, quienes deberán enfrentan multas superiores a G. 1.585 millones, como secuela de sumarios administrativos a violadores medioambientales en Canindeyú.

La Secretaría del Ambiente (SEAM) dispuso este año un total de 183 sumarios administrativos en el departamento de Canindeyú, de los cuales concluyeron  73, con sanciones de multa que ascienden a un total de 22.600 jornales mínimos legales, equivalentes a la suma de 1.585.525.600 guaraníes.

De 102 sumarios, 62 procesos se encuentran en etapa de conclusión, señala un informe de la Secretaría de Estado realizado en el marco del cumplimiento y aplicación de las normativas ambientales.

Los procesos, inéditos en cuanto a cantidad de intervención y montos de multas, se vinculan principalmente a infracciones relacionadas a la falta de licencias ambientales o incumplimiento de planes de gestión ambiental, como el uso de la tierra sin autorización (deforestación).

Sobre este punto, la SEAM refiere el Art. 30º de la Ley N° 1.561/2000 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente”, por lo cual la institución tiene  facultades para aplicar sanciones administrativas como apercibimientos, multas, suspensiones o revocaciones de licencias y actividades, así como la retención o decomiso de bienes de los infractores.

A través del sitio de información de la Presidencia de la República, destaca asimismo que los sumarios administrativos se encuentran reglamentados en la Resolución Nº 1.881/05 del 8 de setiembre de 2005, “Por la cual se reglamenta el procedimiento para los sumarios, a fin de investigar la presunta comisión de infracciones a las leyes, de las cuales la SEAM es autoridad de aplicación” y su modificación, la Resolución Nº 1.184/09”.

En este marco, las sanciones administrativas constituyen actualmente uno de los principales instrumentos de que se vale nuestro ordenamiento jurídico para garantizar el cumplimiento de la normativa y medidas de protección ambiental.

Por esta razón, la SEAM busca lograr una mayor efectividad en el cumplimiento de las obligaciones ambientales en un país que figura en las estadísticas medioambientales como uno de los peores depredadores de bosques.

La Región Occidental o Chaco, específicamente, echa anualmente un promedio de 94.000 hectáreas de masa boscosa para convertirla en campos de pastoreo, mientras el Gobierno mira para otro lado y no acompaña el esfuerzo de organizaciones civiles y no gubernamentales que procuran evitar la tala irracional de montes vírgenes.

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