Humildes paseros pagan por los “capos” del contrabando

Paseros aprestan una carga de mercaderías en el paso fronterizo con Clorinda. Los grandes camiones solo son vistos según el cristal con que se mire.

Desde que existe el río hay contrabando, opinaban este martes pasajeros que frecuentan el paso fronterizo con Argentina, a la altura de Puerto Falcón, al aludir a la cíclica confrontación entre paseros y policías, en una historia de nunca acabar donde siempre ganan contendientes invisibles que operan detrás de grandes oficinas en la ciudad y cuentan con el respaldo del poder.

“Esto es, y seguirá así por siempre, mientras el Gobierno no asuma que el contrabando es parte de su mismo negocio”, afirmó Ángela Paradeda, vecina de Fernando de la Mora, quien viaja periódicamente a la ciudad de Clorinda para adquirir medicamentos para su madre enferma a precios 50 por ciento más bajos que en Asunción.

“Hace 12 años que cruzo cada cierto tiempo la frontera, y ya he visto de todo”, señala.

Al observar la clásica pelea entre civiles y uniformados comentó que, en suma, se trata de una obra de teatro porque la verdadera función está detrás de bambalinas, en los altos círculos del poder.

La opinión de la ciudadana no dista mucho de lo que posiblemente está ocurriendo, nuevamente, en ese histórico antro de confrontaciones con la ley como testigo.

El contrabando, o sea el paso de productos o mercaderías por encima, o debajo, del pago de impuesto a la importación, se ha convertido en factor de vida de millares de familias de escasos recursos, que encuentran en la actividad la forma de ganarse el sustento diario.

Mientras unos se acogen al régimen de pacotilla para surtir la mesa familiar y la demanda de clientes puntuales de despensas y almacenes, otros se dedican al contrabando “hormiga” para proveer a cadenas de supermercados o grandes tiendas, que de esta manera acceden a productos más baratos que los importados, con la ventaja de que los márgenes de ganancias son más abultados.

Mención especial amerita el contrabando de gran porte, en el que participan -en diverso grado de protagonismo o complicidad- altas autoridades de Gobierno (especialmente políticos de todos los partidos), militares de alto, medio y bajo rango, policías, jueces, fiscales, jefes y funcionarios aduaneros, hasta agentes antinarcóticos destacados en puntos estratégicos de control.

Del otro lado operan legiones de financistas, dueños de supermercados, grandes tiendas, casas “importadoras”, etc., cuyas cargas transportadas en enormes camiones a la luz del día “no son vistas” para nada por las mismas autoridades y uniformados que muestran dientes afilados para quienes trasladan pequeños bolsos multicolores cargados con 3 litros de aceite, 5 kilos de jabón en polvo, 1 kilo de dulce de leche, 1 pack de cerveza, 1 caja de alfajores, 5 kilos de tomate y otros tantos de cebolla, 5 litros de vino en cartón y media docena de salsa de tomate.

Esta gente sí es abordada fieramente y obligada a entregar su “peligrosa” carga estigmatizada por burlar la ley.

Un escenario cíclico cargado de injusticia que, según el cristal donde se mira, beneficia a unos y perjudica a otros, entre ellos el Estado, que deja de percibir sumas colosales en materia de impuestos y posterga indefinidamente cientos de proyectos de desarrollo país.

 

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