Futuro incierto de la FTC ante lluvia de críticas

Después de tres años de labor, la FTC es objeto de críticas por la falta de resultados en su lucha contra la inseguridad en el norte, a pesar del enorme presupuesto de 70 millones de dólares pagado por todos.

Sectores de poder político e incluso eclesial ponen en tela de juicio la permanencia de la Fuerza de Tarea Conjunta en el norte del país, debido a la falta de resultados, mientras sectores y gremios productivos hacen causa común para que el organismo de seguridad creado por Cartes continúe con su misión, aunque reclaman más resultados a su trabajo.

Los cuestionamientos de alto nivel surgieron hace un par de semanas en el seno del Congreso nacional, específicamente luego del secuestro del joven menonita Franz Wiebe.

En esa ocasión surgieron voces disidentes sobre la función de la FTC, en el sentido de que no está brindando la seguridad que espera la población.

Actualmente, se elevan a tres los casos de secuestros, todos ellos registrados durante el presente periodo de gobierno.

Las víctimas de la inseguridad son Edelio Morínigo, Abrahán Fehr y el menor Wiebe, sin que exista por el momento el menor atisbo de libertad, e incluso falta de voluntad para proceder al rescate, según las voces que cuestionan el accionar del regimiento formado supuestamente por los mejores oficiales y soldados, dotados de logística y armas modernas que en la práctica no sirven de nada.

A los reclamos de solución lanzados por la oposición se suma la postura de la Iglesia Católica paraguaya, que a través de un comunicado pone en tela de juicio el actuar de la FTC en la lucha contra el ilegal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), la agrupación radical vinculada al narcotráfico que mantiene en cautiverio a Morínigo, Fehr y Wiebe.

A más de ello, la Pastoral Social denunció hace días el “asesinato con saña” de dos integrantes de una familia de la localidad de Kurusu de Hierro (ex bastión epepista), a más del allanamiento ilegal y torturas a familias de asentamientos ubicados en la zona de Arroyito.

Por su lado, el fiscal Joel Cazal acusó a la Pastoral Social de Concepción y a dirigentes campesinos de este departamento de entrenar a potenciales guerrilleros, sin presentar pruebas o evidencias.

En este escenario, gremios productivos asociados (ARP, UIP y UGP, entre otros) se oponen al retiro de la FTC con el argumento de que el norte quedará expuesto a la acción de la guerrilla, por lo cual recomiendan mantener al contingente en la zona pero exigirle más resultados.

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