Fiscala aún no imputó en caso de basura patológica pillada en flagrancia

La fiscala Torres corrobora evidencias de basura patológica en el basural clandestino, pero pese a las pruebas documentales que tiene en su poder no establece medidas que posibiliten elevar el caso a la justicia penal.

Han pasado casi cuatro meses desde que la Fiscalía de Delitos Ambientales interviniera en un caso de vertedero clandestino, pero a pesar de contar con pruebas y evidencias contundentes demora en imputar a los principales responsables.

El caso se develó el pasado 28 de mayo en la ciudad de Emboscada, 35 kilómetros al noreste de Asunción, cuando una comitiva fiscal y de la Secretaría del Ambiente (SEAM) se constituyó en un barrio ubicado a 1,5 kilómetros del casco urbano en base a una denuncia de vecinos.

En el lugar indicado, los intervinientes descubrieron que el basural no cumplía ninguna exigencia y requisitos ordenados por la ley ambiental para la instalación de vertederos municipales.

De acuerdo a los datos, los desechos venían siendo evacuados desde hace 4 años, lapso en el cual el vecindario experimentó molestias, malestares y el ataque de diversos tipos de afecciones precipitados por el sitio contaminado.

“Acá no se puede estar de día ni de noche”, dijo Angelina de Riveros, una afectada de las inmediaciones, tras comentar a los intervinientes acerca de la invasión de moscas, mosquitos, roedores y víboras provenientes del basural.

Otros vecinos señalaron ser víctimas de problemas dermatológicos como sarna y comezones que, según afirman, se presentaron en coincidencia con la habilitación del vertedero.

La fiscala responsable, Sara Torres, tomó nota de las denuncias y corroboró la situación de ilegalidad del basural, que no contaba con la autorización de habilitación de la SEAM y tampoco cumplía con normas elementales de cuidado de desechos domiciliarios.

El principal responsable del vertedero clandestino fue el intendente municipal, Raúl Peña, quien reconoció su error y trató de justificarlo diciendo que ordenó tirar la basura en el predio baldío porque las tramitaciones legales de habilitación son muy burocráticas y tardan mucho.

Sin embargo, la “confesión de parte” y el hecho de que el delito ambiental fuera descubierto en flagrancia no provocaron la reacción del Ministerio Público, que hasta el momento solo ha determinado la clausura del basural y nada más.

Abogados consultados por La Mira señalaron que, a resultas de las evidencias y pruebas documentales, la fiscala Torres hubiera imputado sin más demora a Peña, lo cual no ocurre.

Torres dijo hace dos meses que antes de proceder a imputar aguardará los informes que había solicitado a la SEAM, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Emboscada.

De acuerdo a los datos, la fiscala hace tiempo cuenta con los informes solicitados, pero aun así demora en asumir determinaciones que permitan elevar el caso al ámbito de la justicia penal.

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