Diputados tampoco investiga misteriosa muerte de oficial militar

En la camioneta se trasladaban cuatro personas, pero fallecieron solo dos militares, en un ilógica que inunda la causa y no motiva el mínimo interés de esclarecimiento de los hechos por parte de autoridades, enlazadas así en un sospechoso pacto de silencio.

Calcado de lo que sucede con el Ministerio Público y la Justicia Militar, la comisión especial de la Cámara de Diputados se cruza de brazos y nada hace para impulsar una investigación seria del atentado que costó la vida del capitán de Ingeniería Enrique Piñánez y el suboficial José Manuel González.

A mediados del 2014, los dos uniformados se encontraban en servicio en la zona de Cuero Fresco, departamento de Concepción, cuando una explosión registrada en el interior del vehículo en que se trasladaban segó sus vidas e instaló un misterio difícil de descifrar, debido a la indefinición de las instancias correspondientes para echar luz sobre el caso.

La falta de voluntad política para aclarar la verdad rodea el turbio entorno de las investigaciones, que en los hechos no son tales porque no reflejan el mínimo interés por saber en realidad en qué circunstancias fallecieron los dos militares, y otras tantas preguntas sin respuesta que permanecen en el limbo de las dudas y sospechas, que se extienden sobre la cabeza de los propios jefes, comenzando por el propio comandante de las Fuerzas Armadas, Horacio Cartes.

Ni bien ocurrió el fatal incidente, Cartes había amagado estar interesado en la inmediata investigación y rápido esclarecimiento de los hechos, que por entonces estaban a cargo del fiscal Joel Cazal, quien nada ha aportado a la causa.

Cartes también determinó cambios importantes en la estructura operativa de la Fuerza de Tarea Conjunta, con el supuesto ánimo de que no vuelvan a ocurrir desgracias como la que mató a Piñánez y González.

Pasaron los días, y los meses, y solo la presión de la prensa -que se hacía eco de la indignación ciudadana por la falta de resultados en la investigación de los sucesos de Cuero Fresco- obligaron a la Justicia Militar a intervenir en el caso, con resultados aun peores que los ofrecidos por la fiscalía antiterrorismo.

En medio de la increíble inacción –para muchos era la lógica de un crimen anunciado- entró en escena la Cámara de Diputados, que en representación del pueblo conformó una comisión especial para investigar lo que, para entonces, para el pueblo era un caso claro de ejecución premeditada que estaba tratándose de ocultar a partir de “arriba”.

Las sospechas contaminan la causa de principio a fin, pero los investigadores nada han descubierto, involucrándose en una especie de asociación para la impunidad.

Los indignados, entre ellos familiares de los militares fallecidos, quieren saber la verdad de una causa que permanece herméticamente cerrada con grandes candados.

Mientras, quedan flotando en el ambiente muchísimos interrogantes que comprometen en un “pacto de silencio” a los detentadores del poder, que tendrían motivos muy grandes o muy fuertes para prestarse al juego del engaño con el fin de justificar la ejecución alevosa y cruel de los dos servidores de la patria.

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