“Diputados quieren impulsar sus carreras políticas con tierra ajena, violando la seguridad pública”

Escolares, hijos de personal de estancia y de pobladores de Tacuatí, asisten a la escuela del establecimiento «Alegría», donde cuentan incluso con computadoras e internet para el aprendizaje. Diputados quieren darle a este emprendimiento modelo otro «fin social», que en la práctica sería regalar tierra ajena a clientes políticos bajo la figura de la reforma agraria.

Reacciones de repudio en cadena y expresiones de vergüenza internacional generó en el ambiente productivo nacional la media sanción de Diputados a favor de la expropiación de 1.500 hectáreas de tierras consideradas altamente productivas pertenecientes al Grupo Willersinn en la jurisdicción de Tacuatí, departamento de San Pedro.

Gremios vinculados al desarrollo agropecuario dieron a conocer un Comunicado dirigido a la opinión pública, en la cual repudian la determinación de la Cámara de Diputados, señalando que el proyecto de ley busca confiscar, bajo la figura de la expropiación, 1.500 hectáreas de tierras altamente productivas, con uso racional y sostenible de los recursos naturales, pertenecientes al emprendimiento modelo “Alegría”.

“Repudiamos que en este caso no se configuran los presupuestos para considerar una expropiación, es decir, no existe causa de utilidad pública ni interés social que lo justifique, y que lo que se esconde detrás del proyecto es la intención de un grupo de diputados de impulsar sus carreras políticas con tierras ajenas, atentando contra la seguridad jurídica, la propiedad privada y el mismo Estado de Derecho, que como servidores públicos están obligados a defender”, expresa el documento dado a conocer este jueves con el respaldo de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Unión Industrial Paraguaya (UIP) y Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco).

Sostiene el Comunicado que la decisión de Diputados entregaría las tierras al Indert, “una institución que a lo largo de más de 70 años de historia de la reforma agraria ha estado salpicada por la corrupción y el prebendarismo, y que tiene una deuda de más de 100 millones de dólares generadas a partir de ‘expropiaciones’”.

Recalca que, debido a este antecedente, se puede anticipar que las tierras en cuestión “quedarán en manos de oportunistas que no saben trabajar ni hacer producir la tierra, y no de verdaderos agricultores, quienes ya anteriormente fueron utilizados como excusa para justificar, por ejemplo, la expropiación de las tierras de Antebi, que terminó en un gran fracaso, lo que supuso un costo multimillonario para las arcas del Estado”.

Los gremios reclaman en unidad de causa a la Cámara de Senadores “rechazar de pleno el irracional proyecto y sentar un precedente contra futuros intentos de confiscación de tierras, que dejan a los ciudadanos totalmente vulnerables e instalan un clima de más incertidumbre en medio de esta crisis económica”.

Solicitan también que “la irresponsable propuesta impulsada por los diputados Pastor Vera Bejarano, Freddy Tadeo D’Ecclesiis, Andrés Rojas Feris, Vicente Rodríguez, Mario López, Manuel Trinidad Colmán, Pastor Soria y Derlis H. Maidana, sea frenada con todos los mecanismos democráticos posibles”.

Recuerdan que el sancionado proyecto de ley –calificado de “inicuo” por el directivo rural Dr. Pedro Galli Romañach- viola flagrantemente el Tratado sobre Fomento y Recíproca Protección de Inversiones, firmado entre la República del Paraguay y la República Federal de Alemania en 1998.

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