Diputados fingen desconocer la impudicia del contralor y dudan en interpelarle

El diputado Harms es el único legislador que hasta el momento pidió reaccionar contra la conducta penal y privada del contralor quien, a medida que transcurre el tiempo, canta victoria y se atornilla a su sillón arropado por la impunidad.

En una actitud típica de políticos consustanciados con asuntos que pueden derivar en búmeran contra sus propios intereses, diputados de las diferentes bancadas dudan en asumir una postura crítica contra la conducta punible y privada del contralor general de la República, Óscar Rubén Velázquez, quien de esta manera se siente liberado de la carga pública de responder por sus actos.

Con excepción del diputado Walter Harms, nadie se ha animado, hasta ahora, a convocar al titular del órgano de control del buen uso de bienes y recursos del Estado, posiblemente debido a limitaciones en su estado de salud.

Ni bien se desató el escándalo, Harms había pedido que se otorgue el desafuero del contralor en caso que sea solicitado por el Ministerio Público, para que el funcionario público muestre la cara ante la justicia, e incluso advirtió acerca de la posibilidad de que él mismo impulse un juicio político.

Para el observatorio popular, resulta llamativa y sospechosa la conducta de procedimiento de Diputados, que no ha reaccionado en la medida que la ciudadanía reclama, en el sentido de sentar a Velázquez en el banquillo de acusados para responder por sus actos.

Las mujeres que integran la Cámara Baja tampoco han mostrado síntomas de molestia, y menos aun tienen pensado pedir la remoción del contralor luego de someter a su secretaria privada a una lluvia de privilegios salariales y beneficios extraordinarios negados a cualquier otro asistente de la función pública en condiciones normales.

Liz Paola Duarte estaría aun de vacaciones en el exterior, mientras sus familiares no pueden precisar si se quedará fuera del país para continuar su vida, o retornará para buscar otro rebusque laboral en alguna entidad pública o privada que se avenga a contratar secretarias sexis, por encima de su idoneidad, profesionalismo o capacidad de servicio, como ocurre en varias oficinas del Congreso.

La posibilidad de que el contralor se salve del juicio político con una renuncia cada vez está más lejana, pues ni bien el encargado de velar por los recursos del país se levantó de su reposo volvió a atornillarse a su silla en la Contraloría, incluso nombrando nueva asistente.

Para este sábado a la noche está prevista una manifestación de indignados, que se concentrarán frente al edificio de la CGR en el residencial barrio Herrera de Asunción, y exigirán la renuncia del contralor general, a quien acusan de ladrón, al echar mano de recursos del Estado para derroches injustificables, y de pervertir el órgano institucional con comportamiento inmoral y antiético, por encima de su responsabilidad penal al privilegiar a su secretaria con salarios superiores a los de un ministro del Poder Ejecutivo, y cercanos a lo que gana el propio Presidente de la República.

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