Descontento social obliga al Gobierno a rectificar rumbos

Miles de campesinos dejan por unos días sus chacras postergadas para unirse al coro de descontentos sociales que amenaza con convertir a Asunción en un muro permanente de lamentos contra la política de gobierno.

Eventos repetidos de manifestaciones públicas sociales y populares contra la política de gestión de gobierno obligan al presidente Cartes a asumir el descontento y tratar de encontrar respuesta a los múltiples reclamos, que de alguna manera tienen su cuota de mérito, como la necesidad de atender de forma urgente al desprotegido sector rural.

Asunción se ha convertido, de repente, en un hervidero de manifestantes de variada procedencia que exigen la atención a sus reclamos particulares, entre ellos cooperativistas unidos, que han salido a las calles a pedir que se deje sin efecto una ley que les obliga a tributar IVA.

El campesinado también mantiene firmes sus reivindicaciones, entre ellas la condonación de deudas contraídas por préstamos para el desarrollo agropecuario, que según opinan al unísono no pueden honrar debido a los malos resultados de las cosechas y de otros tipos de emprendimientos de desarrollo familiar.

Maestros, obreros sindicalizados y estudiantes secundarios también han salido de su silencio y prometen unirse a los indignados que hace casi dos semanas se mantienen en situación de conflicto con el Gobierno, que en un hecho igualmente repetido cada año de forma sistemática, invita a una mesa de diálogo que seguramente acabará con un montón de promesas que nunca se cumplirán.

La presidenta del Crédito Agrícola, Amanda León, en consonancia con otros referentes del Gobierno como el ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja, se opone con firmeza al perdón de las deudas, señalando que la Ley de Administración Financiera incluye soluciones para el problema de insolvencia declamado por los labriegos.

Estos expresan que en todos los casos las refinanciaciones significan nuevos compromisos de pago, aunque de menor monto, que tampoco podrán honrarlas debido a que la actividad productiva, a nivel de las pequeñas fincas familiares, está técnicamente parada, debido a la ausencia del Estado en los sectores vulnerables.

Falta de financiación, asistencia y acompañamiento son señalados por los indignados como problemas de larga data que sucesivas administraciones de gobierno no han solucionado debido a la falta de voluntad política.

Ahora, como ocurre todos los años, el descontento se ha apoderado de nuevo de los sectores menos favorecidos, obligando al presidente Cartes a asumir la situación y redireccionar el rumbo de su gestión si quiere evitar que Asunción se convierta muy pronto en “madre de lamentos”.

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