Deciden investigar industria de saqueo en el Indert

Según la investigación fiscal, el titular del Indert lidera un esquema de recaudación ilícita con la intervención de ONGs que se encargan del «lavado» presupuestario en perjuicio del patrimonio institucional y de millares de familias pobres.

El Ministerio Público investiga de oficio una denuncia de la prensa que alude a un esquema de corrupción que involucra a autoridades del Indert y varias ONG que, según las informaciones, se encarga de realizar maniobras para favorecer con porcentajes ilícitos a una rosca que se enriquece a costa de la necesidad de los pobres.

El fiscal adjunto de Delitos Económicos y Anticorrupción, Federico Espinoza, ordenó la apertura de la investigación y designó al agente fiscal René Fernández para que indague las presuntas irregularidades realizadas por funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra. 

El Ministerio Público cuenta con evidencias acerca del esquema de recaudación ilícita que involucra al presidente del Indert, Justo Cárdenas, y al funcionario Santiago Ochipinti, encargado de gestionar la construcción de pozos en el interior del país a través de organizaciones no gubernamentales.

De acuerdo a los testimonios, existirían mecanismos que utiliza la administración actual del ente para quedarse con una parte del precio pagado por los sistemas de agua potable para familias rurales.

En ese sentido, supuestamente después que el Indert le gira un cheque a las ONGs, estas confeccionan otro cheque por el 30 por ciento del monto.

También se ha descubierto que las organizaciones proceden a entregar el monto en efectivo a través de funcionarios que acompañan al representante de la ONG seleccionada hasta un banco de plaza.

Las publicaciones periodísticas mencionan que los pagos fueron depositados en la cuenta de Ochipinti, por lo que existirían evidencias que tendrían relevancia penal para abrir una investigación fiscal.

El Indert maneja sumas siderales para el desarrollo rural, específicamente familias empobrecidas de las pequeñas fincas, que de forma sistemática son objeto de engaños y falsas expectativas.

De esta forma, las propias autoridades y agentes del ente agrario postergan indefinidamente la lucha efectiva contra la pésima infraestructura rural, por un lado, y por otra parte se enriquecen con el dinero destinado a los pobres que juraron honrar cuando asumieron sus cargos.

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