Convocan a marcha patriótica contra el gobierno “entreguista”

Después de un 2014 relativamente tranquilo de descontento público, las organizaciones campesinas retoman la lucha social, en una práctica con discursos calcados que, en la generalidad, no tienen eco oficial.

Organizaciones de derechos civiles, campesinas y sindicales, entre otras, alistan filas para converger el próximo lunes 18 de mayo en las plazas del Congreso, donde tienen prevista una manifestación popular contra la política “antipatriótica” del Gobierno nacional.

La convocatoria corre por cuenta del Congreso Democrático del Pueblo, conformado también por corrientes políticas afines a la izquierda que reivindican derechos populares pisoteados por el poder.

Eduardo Ojeda, secretario general de la Corriente Sindical Clasista (CSC), y líder histórico de la organización radicalizada, dijo que la ciudadanía ya no puede estar de brazos cruzados ante los abusos de la clase política en el poder que, según opina, no tiene en cuenta los derechos y los intereses de los trabajadores, obreros, estudiantado y ciudadanía pobre.

“El Gobierno es responsable de todo esto, porque lleva una política económica en contra del pueblo”, tiroteó Ojeda.

Calificó el modelo de gestión país de “entreguista” y “antipatriota”, ligado a la narcopolítica y a leyes represoras como la Alianza Pública Privada.

Cuestionó también la iniciativa privada.

“Hoy día, las fábricas son cárceles para los trabajadores”, expresó, tras denunciar el ambiente de esclavitud que impera campante en muchas empresas “manejadas por delincuentes que violan impunemente leyes y normas sobre derechos humanos y laborales de los trabajadores, obreros y empleados paraguayos”.

La convocatoria es continuación de la movilización iniciada con la Marcha del Campesinado Pobre, el pasado 31 de marzo; la manifestación durante el Día del Obrero, el 1 de mayo; y la protesta pública contra la militarización y la ley de APP, el 8 de mayo.

En ambas ocasiones, representantes de sectores populares y de trabajadores barajaron denuncias de diverso calibre contra la política de Estado para los sectores vulnerables, entre ellos personas desempleadas por falta de oportunidades laborales, enfermos que no tienen respuesta de los órganos de salud pública, y alumnado con mala formación académica debido a la falta de escuelas e infraestructura escolar.

“Ahora, de nuevo tenemos un caso de ajuste de cuentas entre mafiosos en el norte, mientras el Gobierno nada hace para poner freno a la narcopolítica, que contamina el poder, y los resultados están a la vista”, recalcó Ojeda en referencia al asesinato de Magdaleno Silva y otras tres personas en Yby Yaú, incluso un hijo del ex diputado colorado.

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