Amparan a vecinos de Luque contra azote de delincuentes

Un motochorro persigue para asaltar a un indefenso ciudadano en Luque. La escena, captada por una cámara de video, es solo uno de las decenas de casos que se repiten en los barrios, donde un proyecto busca enfrentar la inseguridad.

En un acto emblemático, como resultado de la situación de inseguridad que golpea con fuerza a la ciudadanía de Luque, en el entorno de Asunción, autoridades nacionales encabezadas por el presidente Cartes habilitaron la caseta policial número 22 instalada por la presión del vecindario ante el azote de delincuentes, específicamente asaltantes callejeros y motochorros.

La iniciativa es resultado de la conformación de la Unidad Especializada de Convivencia Ciudadana, un proyecto que se inició en el 2013, luego de que la histórica comunidad experimentara el ataque sucesivo de bandas de asaltantes de celulares y carteras de mujeres, especialmente en los barrios.

El promedio de gasto de manutención de las casetas policiales supera 50 millones de guaraníes mensuales, informó el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.

Recordó que la unidad en mención fue creada con el apoyo de las comisiones vecinales, con  el propósito de que las autoridades interactúen con la comunidad para prevenir los delitos, algunos de ellos de consecuencias nefastas. 

La nueva caseta está instalada en el barrio Santa Rosa de Lima, en el entorno del casco céntrico luqueño.

“Con los fiscales de la Unidad de Convivencia Ciudadana empezamos a ver cómo ayudar principalmente a las comisiones organizadas”, afirmó el fiscal general.

Señaló que a partir de ahí surgió la iniciativa de compartir responsabilidades con la gente y con las autoridades para aunar esfuerzos y conseguir respuestas más positivas para la inseguridad.

Díaz Verón señaló que las casetas cuentan con infraestructura necesaria y cámaras de seguridad, como aportes del Ministerio Público.

Refirió la existencia de una figura penal para las personas que cometen delitos y no son reincidentes, a quienes se les brinda la posibilidad de resarcir esa mala conducta con la reparación del daño social.

“No es una multa, y de alguna manera es el resarcimiento por cometer delito, a favor de la sociedad”, subrayó.

Añadió que una parte de ese dinero que ingresa a la Fiscalía podía tener un efecto multiplicador, en el sentido de estimular las sociedades organizadas y dotarlas de infraestructura necesaria para que tengan la posibilidad de ser ellos mismos interventores de la seguridad barrial con la asistencia del Ministerio Público y la Policía Nacional.

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