Poder y dinero corrompen a la Corte

La justicia sometida al poder, una constante en Paraguay, territorio liberado para la corrupción y fuente inagotable de injusticias.

El poder paralelo que opera a la sombra de la majestad de la ley corrompe el ideal de contar con una Corte Suprema de Justicia íntegra y a toda prueba.

Así lo demuestran sucesivos casos, divulgados o no, de poderosos que ganan la libertad en medio de sonoras evidencias de delitos suficientemente probadas en voluminosos expedientes que, tras subir a consideración de la Corte, caen estrepitosamente.

La injusticia se ha apoderado de ese antro de transacción contaminado de conversatorios y pactos secretos que en todos los casos favorecen a una casta selecta de privilegiados, prohijada por una nomenklatura fraterna de bufetes que hace tabla rasa de la sana litis para convertirla en comida de los leones.

Pocos se animan a sacar afuera los trapos sucios de la Corte, donde conviven en animada mancomunión ministros devenidos en millonarios con el respaldo de exclusividades salariales de extramundo y negociados bajo la mesa, entre otros rebusques.

El caso del ministro Víctor Núñez ha alquilado balcones.

Su vinculación con el lavado de dinero, antes que frenar su carrera en la cúspide de un poder del Estado, ha alimentado la unión fraternal del gremio cortesano en torno a una causa común con fuerza de ley: hoy por ti, mañana por mi.

El actual presidente de la Corte, Raúl Torres Kirmser, está minado de cuestionamientos profesionales, particulares y privados, en un combo de irregularidades que hace rato hubieran precipitado su defenestramiento.

Nadie es echado en la Corte.

Tampoco se les concede el derecho a “renunciar”.

El apego al cargo es tan fuerte que, como lo dijo el ministro Núñez, solo Dios podrá acabar con ellos.

Valgan estas consideraciones para comprender, en parte, por qué tantos criminales andan sueltos; por qué la mafia del narcotráfico ha vulnerado los sistemas de seguridad y control del Estado para instalar aquí un “territorio liberado”; por qué el supuesto asesino del periodista Pablo Medina nunca fue tenido en cuenta como capo narco, y por qué se ha llegado a calificar a Paraguay como prolífico integrante del clan internacional de la droga.

Por lo demás, la amenaza de juicio político que pende sobre la cabeza de la Corte puede considerarse sin vuelta de hoja una falsa intención de deseos que busca, de parte de sus principales impulsores (políticos y parlamentarios), sacar réditos corporativos y personales a su comprometida relación con la corrupción, en cualquiera de sus múltiples variantes opcionales (léase, tráfico de influencia, lesión de confianza, derroches del presupuesto público y escandaletes de variado tono).

En este estado de cosas, tenemos un sistema judicial funcional para rato. Hasta que el país se decida a darle un corte a las andanzas de la Corte.

 

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