Gobierno electo declara la guerra al narcotráfico en Argentina

La “merca” ha invadido territorio argentino procedente especialmente de Bolivia y Paraguay. El nuevo Gobierno anuncia medidas severas contra el narcotráfico, quizás como respuesta a reclamos del Papa y el clero argentino.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, potenció declaraciones anteriores sobre la inseguridad en el país y tras señalar que declarará estado de emergencia de seguridad en paralelo a la profesionalización de la Policía, afirmó que la lucha contra el tráfico de drogas será “prioridad absoluta” del gobierno electo el pasado domingo.

El anuncio de Macri se produce apenas unas semanas después de que la Iglesia Católica argentina diera a conocer su preocupación por el avance del narcotráfico en el país, ante la falta de control e intervención de los organismos antinarcóticos estatales.

La reacción de la cúpula eclesial se produjo meses después de que el Papa Francisco (de nacionalidad argentina) recibiera en Roma un informe clasificado de 243 páginas que narra las actividades de las organizaciones mafiosas con la complicidad de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo al documento secreto, los narcos en Argentina cuentan con un ejército de 300 hombres, muchos de ellos ex policías y ex militares, encargados de dinamizar la decena de laboratorios clandestinos de droga (cocaína) en el Gran Buenos Aires.

La “merca” es destinada en parte a adictos locales, mientras otros volúmenes son comercializados en el exterior.

La extensa frontera del segundo país más extenso de Sudamérica, por detrás de Brasil, facilita la acción de grupos de narcotraficantes, que no tienen mayores dificultades para vulnerar ríos y montañas para introducir las sustancias en territorio argentino.

El mercado de Buenos Aires es señalado como uno de los mayores centros de consumo en la región, junto con San Pablo y Rio de Janeiro (Brasil).

Al igual que en las favelas cariocas, las villas extendidas en la metrópoli bonaerense son señaladas como nichos de depósito y mercadeo de cocaína, crack y marihuana, que operan a la sombra de agentes antinarcóticos.

Las intervenciones en estas zonas populares son prácticamente imposibles, debido a un pacto solidario que permite a las organizaciones criminales desenvolverse sin dificultades, generando causa común entre pobladores que, de alguna manera, reciben algún tipo de beneficio por su colaboración, muchas veces limitada al silencio.

La Iglesia argentina sostiene que el avance de las drogas perjudica a la sociedad y limita el desarrollo país, por lo cual requiere del Gobierno acciones enérgicas con el objetivo de disminuir el flagelo.

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