Narcos y corruptos no tendrán, por ahora, sus soñadas leyes a medida

El Ejecutivo evitó un seguro caos jurídico que iba a desencadenar un cuerpo legal preparado para ser convertido en ley, destinado a beneficiar con la impunidad a corruptos y a narcos. En la foto, Santiago Aguayo, pillado con más de un kilo de cocaína en la prisión de Amambay.

El peligro de caos jurídico generado por un pedido de modificación de leyes que iba a derivar en la extinción e impunidad de causas sobre narcotráfico, corrupción y otros crímenes graves quedó despejado esta semana, luego de que el Poder Ejecutivo suspendiera la entrada en vigencia de la normativa.

Este documento señala que el objetivo principal de la decisión del Ejecutivo es ampliar el plazo de la suspensión de entrada en vigencia de leyes que modifican artículos explícitos del Código Procesal Penal, considerando el impacto negativo que podría causar la entrada en vigencia de la mencionada ley al sistema penal y a la administración de justicia.

La Ley Nº 4669/2012, según el informe, redujo a tres años el plazo de duración máxima del proceso, modificando el Código Procesal Penal que establecía cuatro años.

En este sentido, al promulgar la mencionada normativa no se previó disposición transitoria alguna que establezca el mecanismo de conclusión de todos aquellos procesos que han iniciado bajo el anterior régimen.

La Comisión Nacional de Reforma del Sistema Penal, que se ha instalado en abril del 2014, ha analizado y reformulado los artículos 136 y 137 de nuestra legislación de forma, por lo que resultaría conveniente aguardar la presentación del trabajo final de la Comisión Nacional Reforma del Sistema Penal, reiterando el caos jurídico que generaría la entrada en vigencia de la Ley Nº 4669/2012.

Esto, teniendo en cuenta que muchas causas importantes sobre narcotráfico, corrupción y otros crímenes graves quedarían extintos si ello ocurriera y, peor aún, quedarían impunes los responsables de cientos de hechos punibles sin llegar a la tan anhelada restauración de la paz social.

El Ejecutivo considera que la vía menos contradictoria con la labor que ha venido realizando la Comisión Nacional para la modificación, tanto del Código Penal como del Procesal Penal, es postergar la entrada en vigencia de la Ley Nº 4669/2012 “Que modifica los artículos 136 y 137 de la Ley Nº 1286/1998 Código Procesal Penal”, que en su Art. 1° dice: “Suspéndase por el plazo de (6) seis años la vigencia de la Ley N° 4.669/2012 ‘Que modifica los artículos 136 y 137 de la Ley N° 1.286/1998 Código Procesal Penal’, modificado por la Ley N° 2.341/2003”.

Se destaca que el control de duración del procedimiento tendrá una duración máxima de (4) cuatro años, contados desde el primer acto del procedimiento.

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