La improvisación al desnudo: Otra vez quieren usar cuarteles como cárceles

Los cuarteles sí pueden albergar ocasionalmente a damnificados por la crecida del río, pero no cuentan con política de control de presos, afirman jefes militares tras expresar su oposición a la propuesta de la ministra Bacigalupo.

Un discurso desgastado por las repeticiones y las falsas expectativas vuelve a divulgarse desde el sector oficial para tratar de calmar las aguas de alguna manera frente al nuevo escándalo desatado en Tacumbú con el incendio y muerte de seis hombres.

Se trata de la utilización de unidades militares como cárceles, para aprovechar la supuesta disponibilidad y capacidad que tienen algunos cuarteles para albergar provisionalmente a reclusos, específicamente de la penitenciaría mayor.

El deseo, nunca formalizado con documentos, se maneja desde hace años, pero no se concreta debido a la oposición de los mismos reclusos, quienes alegan motivos particulares (visitas) y otro tipo de argumentos para no establecerse aunque sea provisionalmente en los cuarteles.

A más de ello, jefes castrenses han comunicado en su momento a autoridades responsables de las penitenciarías su oposición al cambio de estatus, incluso transitorio, de la soberanía militar para ser destinada a fines y objetivos ajenos a sus funciones.

La ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, dijo a la prensa de Asunción que el proyecto en ciernes busca el albergue de los presos solo durante el tiempo que dure la construcción de mejoras en Tacumbú, sin dar más detalles, como por ejemplo el sistema de seguridad y otros elementos esenciales en el manejo de reclusorios.

Indignados salieron al paso de las declaraciones de la ministra y señalaron su inoperancia e incapacidad para administrar la crisis de superpoblación, hacinamiento, precariedades por doquier e inseguridad en las cárceles.

Otros sacan a luz los anuncios oficiales grandilocuentes acerca de la modernización del sistema penitenciario nacional con locales dignos, modernos, seguros, y la aplicación de políticas de reinserción exitosas, consagradas por leyes internacionales, que en Paraguay no se aplican en los hechos sino en los discursos.

El Gobierno apunta a reubicar en sedes militares a un máximo de 1.500 reclusos, especialmente personas en situación vulnerable, enfermos, adultos mayores y reos con cargos penales “livianos”, cuya situación es expuesta por sucesivos ministros en eventos internacionales como argumento puntual para mendigar recursos.

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