Gobierno quiere socializar responsabilidad de erradicar el EPP

La responsabilidad de erradicar al EPP debe ser compartida, afirma el Ministerio Público, que hasta ahora no ha arrojado resultados en materia de investigación de decenas de crímenes de la organización mafiosa.

Ante la falta de respuesta del gobierno al reclamo de seguridad nacional por el azote de la delincuencia, la criminalidad y el narcotráfico, el Ministerio Público hizo una transferencia de responsabilidad a los gremios comprometidos con la producción que se reunieron con el fiscal general del Estado para reclamar tranquilidad y poder trabajar en paz.

El portavoz de la idea fue el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, quien alegó la necesidad de aunar esfuerzos y recursos para asumir corporativamente el desafío de lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que acaba de consumar el golpe más fuerte desde su creación, hace 16 años, con la ejecución de 8 soldados de la FTC.

Referentes de gremios de la producción alegaron asumir el compromiso de respaldar la gestión de gobierno en el manejo de la lucha contra el EPP, a pesar de que en tres años de gestión, coincidentes con el actual gobierno de Cartes, poco o nada han cosechado en materia de resultados, al punto que el EPP sigue marcando la hoja de ruta de las fuerzas de seguridad.

Durante la reunión, el fiscal general ofreció un discurso cargado de buenas intenciones, pero nada de propuestas concretas, a pesar del lapso transcurrido desde entonces, cuando otros asuntos de interés de gobierno (como el caso Pavâo) han enviado a un segundo plano el tema del atentado en Arroyito.

Parte de la dialéctica de Díaz Verón durante el encuentro de trabajo fue el siguiente: “El Poder Ejecutivo lo que pide es seguir trabajando, redoblar esfuerzos, realizar un acompañamiento permanente, porque todos nosotros también consideramos que es una lucha de todos: del Ejecutivo, del Ministerio Público y de la ciudadanía contra el crimen organizado, contra el terrorismo, que hoy por hoy es un desafío y que está creando muchos problemas en el Norte y por sobre todas las cosas a la seguridad del país”.

En la práctica, la ciudadanía no observa ninguna reacción ni resultados, como sí lo hubo después del supuesto intento de atentado contra el presidente Cartes, cuando la fiscalía general se puso en campaña para investigar el caso porque “consideramos que era una cuestión complicada, sensible, porque se trata nada más y nada menos que del Presidente de la República”, expresó Díaz Verón.

Estas expresiones merecieron críticas de indignados sociales, teniendo en cuenta la discriminación a la hora de poner en la balanza las prioridades de la Fiscalía General, que hasta el momento no ha presentado ningún resultado y tampoco existen indicios de que avanzará hasta el final en la investigación del atentado y asesinato de los efectivos ejecutados en Arroyito.

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