Gobernador se rinde ante la majestad de la droga

La marihuana domina Canindeyú, pero recién después del crimen del periodista el gobernador dice que no tiene plata para luchar contra el flagelo.

Recién después de que un periodista arriara con la muerte su bandera de lucha por la legalidad en Canindeyú, el gobernador de ese departamento se acuerda que no dispone de recursos para enfrentar el flagelo de la producción y tráfico de droga en su área de influencia política y de gestión.

En un arrebato de sincericidio, Alfonso Noria expresó que la Gobernación apenas cuenta con recursos para la compra de leche y galletitas destinadas a escuelas de la zona, y que no sobra dinero para otras actividades, como, por ejemplo, la lucha contra las drogas.

“Si el periodista no moría, seguramente iba a seguir callado. Por qué no dijo eso antes y por qué no solicitó a tiempo una ampliación presupuestaria”, expresó en su sitio social Aníbal Cáceres Mazó.

Noria no dejó de sorprender tras ser abordado por periodistas, al afirmar que su administración nada puede hacer para detener el narcotráfico y el crimen organizado en esa parte del país.

Colocándose en situación de víctima, narró la asfixia económica que padece el ejecutivo departamental, y la falta de potestad constitucional para enfrentar al “monstruo de 7 cabezas” con ramificaciones en todos los estamentos del poder.

Olvida el gobernador que una de sus responsabilidades principales es ofrecer garantía integral a los habitantes de Canindeyú, entre ellos protección contra la delincuencia y la criminalidad.

La ley establece mandamientos explícitos para las autoridades ejecutivas, quienes tienen la obligación de denunciar necesidades y anomalías, y si no logran solución deben salir por la puerta grande tras presentar renuncia al cargo.

Pablo Medina murió acribillado a tiros mientras ejercía su derecho de trabajar libre y abiertamente.

Las evidencias apuntan a una “quema de archivo” de parte de narcotraficantes, molestos por las evidencias documentales levantadas por Medina en un sitio cercano a Villa Ygatimí, considerado “zona roja” del narcotráfico.

Hasta el momento hay 4 personas sospechosas del crimen, entre ellos un hombre “buscado” por tres asesinatos, que fue “encontrado” en menos que canta un gallo luego de que el propio Cartes diera la orden de investigar el caso y detener a los culpables.

El intendente municipal de la localidad de Ypehú, Vilmar Acosta, también fue incluido en la lista de sospechosos, aunque sus correligionarios colorados señalan que el mismo es inocente y víctima de persecución política, versión que ni el propio “Neneco” pudo sostener.

 

 

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