Contraloría será “descabezada” como remedio a la indignación general

Liz Paola Duarte, la modelo que oficiaba de secretaria con trato monárquico. Aparece como la piedra del escándalo que precipitará la destitución de su jefe condescendiente, el contralor Velázquez, y de “rebote” será echada también la subcontralora general.

Presionado, y sin opciones, ante la enorme presión ciudadana, el Congreso nacional dará por terminadas, antes de tiempo, las funciones del contralor general de la República, Óscar Rubén Velázquez, y de la subcontralora general, Nancy Torreblanca.

Será este miércoles, cuando las máximas autoridades de la CGR escucharán sendas sentencias en su contra, que son inapelables, de parte de parlamentarios que en un momento dudaron en sentar a ambos en el banquillo de acusados.

Las destituciones se dieron como un hecho desde el momento que el propio Congreso lanzó un llamado a concurso de oposición para candidatos a contralor y subcontralor, y enunció breves condiciones, como ser paraguayo natural, profesional reconocido, y haber cumplido 30 años de edad.

La subcontralora general, Nancy Torreblanca, trabajó varios años con Velázquez y, más que la relación laboral, les unió la causa común de la corrupción, según la investigación fiscal que fue tenida en cuenta en la presentación del libelo acusatorio.

Velázquez está acusado de otorgar privilegios de primer mundo, fuera del marco de la Función Pública, a su secretaria privada Liz Paola Duarte, quien según los informes “levantaba” por mes entre 22 y 32 millones de guaraníes, sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley.

El salario mínimo en Paraguay es de G. 1.824.055, suma que en todo caso debía percibir la modelo, quien según las referencias apenas cuenta con estudios básicos y no se le conoce actividad alguna que redunde en beneficio de la institución, la cual le contrató con criterios posiblemente espurios. 

El informe fiscal señala que la miss actuaba a gusto y paladar en la institución pública, burlándose del funcionariado, mientras el contralor hacía oídos sordos a una denuncia formal y quejas generalizadas que inundaban los pasillos del ente contralor.

Torreblanca, por su parte, aparece en el libelo como acusada de contratar domésticas en un domicilio particular, con salarios pagados por la Contraloría, entre otros abusos.

La “secretaria de oro” había presentado renuncia después de que la indignación ciudadana subiera de decibeles y hacía peligrar una “revuelta” institucional, dándose las de villadiego en un paradisíaco sitio turístico del Brasil, según allegados.

La justicia ordinaria tomó intervención en el caso y, según las crónicas periodísticas, la sospechosa está sujeta a medidas alternativas, mientras continúa el proceso en su contra por varios delitos cometidos supuestamente en el ejercicio de sus funciones públicas, entre ellas estafa y asociación ilícita, a más de transgresiones y faltas administrativas a la Ley de la Función Pública.

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